Esta semana fuimos bombardeados por anuncios y declaratorias sobre la reforma migratoria. Ya el domingo por la noche se había dado a conocer la propuesta de senadores republicanos y demócratas; el martes el Presidente Obama reafirmaba su postura de apoyo a la reforma, y también había circulado información sobre un grupo de trabajo migratorio en la Cámara de Representantes.

Empieza lo que serán varios meses de negociaciones entre tres posturas básicas: la liberal, que es la de la Casa Blanca; la más restrictiva, como probablemente será de la Casa de Representantes, controlada por los republicanos; y la que se perfila como la centrista, que es la del Senado.

Pero la historia de Estados Unidos nos muestra, una y otra vez, que a la hora de forjar las reformas y políticas migratorias se establecen alianzas inusuales, donde los amigos se enemistan y los enemigos se vuelven cómplices temporales. En esas alianzas extrañas existen oportunidades de avanzar una agenda progresista, pero también el peligro de resultados regresivos. Lo que ha sucedido en materia de política migratoria en este país durante los últimos 15 años y las declaraciones de los políticos esta semana no dan para echar las campanas al vuelo.

Hago este planteamiento por lo que escuchamos y lo que no escuchamos en estos días. Primero lo que no se dijo. Si una reforma migratoria está en puerta, ¿por qué Barack Obama no declaró una suspensión temporal de las deportaciones? Al fin y al cabo, entre los inmigrantes indocumentados que se deportará en estos meses por venir seguro habrá muchos que puedan beneficiarse de un programa de legalización.

En cambio, la deportación los separará de sus familias y los alejará de cualquier posibilidad de arreglar su estatus migratorio en Estados Unidos. Pero el Presidente Obama no dijo ni pío en su discurso del martes pasado. Ordenar una suspensión de las deportaciones implicaría romper una alianza que el mandatario sigue buscando con los elementos más conservadores del espectro político: él les pide su apoyo en la reforma y a cambio les da deportaciones a granel.

Ahora lo que sí se dijo. Los senadores salieron con uno de los mayores sinsentidos en la historia de la política migratoria. Según su plan, la condición para que los inmigrantes legalizados reciban la ciudadanía, es que se logre y demuestre la impermeabilidad de la frontera a la migración indocumentada. Ni la frontera entre la Alemania del Este y del Oeste, con su cortina de hierro, sus campos minados, soldados y francotiradores, fue impenetrable a la migración (que también era indocumentada). Eso sí, en el intento por cruzarla murieron cientos de personas.

Lo que es evidente es que al imponer una condición irrealizable, los legisladores están dispuestos a crear una categoría de personas sin acceso claro a la naturalización y a los derechos políticos que da la ciudadanía. Residentes legales sí, pero eminentemente sujetos a la deportación, también.

Ojo, que para muchos inmigrantes la alianza de senadores demócratas y republicanos puede terminar siendo un pacto con el diablo.

Ruben Hernández León El autor es director de Estudios Mexicanos de la UCLA rubenhl@soc.ucla.edu