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Los signos de los tiempos

Política migratoria

México pasa por una renovación del poder político, producto de la elección de 2012. El primero de septiembre entró en funciones el nuevo Congreso de la Unión. Mañana, primero de diciembre, asumirá su cargo como presidente de la república Enrique Peña Nieto. Con esta renovación se abre la puerta para la formulación de nuevas políticas públicas y, en lo que toca al interés de esta columna, para desarrollar una nueva política migratoria. Algunas sugerencias: 1) México requiere una refundación de su Instituto Nacional de Migración (INM). Durante el sexenio de Felipe Calderón (y quizá con anterioridad), numerosos agentes y funcionarios del INM se volvieron cómplices de mafias que trafican, extorsionan y violan a los migrantes, sobre todo a los centroamericanos. Ante la crisis de la institución, Calderón puso a un funcionario capaz como comisionado del INM, pero ya era demasiado tarde. Como me lo dijo el sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde: esa institución está podrida. 2) Mientras el gobierno mexicano no haya refundado el INM, se debe resistir la tentación de formar una patrulla fronteriza mexicana. Con la capacidad de las mafias de colonizar las instituciones de seguridad civiles y la incapacidad de estas últimas de resistirse a la corrupción, una migra mexicana no tardaría en convertirse en un instrumento más al servicio de la victimización de los migrantes. 3) La política hacia los migrantes centroamericanos debe centrarse en proteger su seguridad, no en reprimirlos. Para tal efecto, el gobierno mexicano debe colaborar con los grupos que velan por los derechos humanos de los migrantes y no sostener una relación antagónica con ellos. 4) México necesita una verdadera política de retorno. La migración mexicana a Estados Unidos siempre ha tenido un reflujo, pero hoy el retorno tiene un componente sobresaliente de deportados, es decir, de personas que no regresan voluntariamente. Entre ellas hay gente que ha vivido por décadas en este país, que adquirieron destrezas laborales que podrían utilizarse en México; de niños estadounidenses, pero que ahora están en Michoacán o Jalisco debido a la deportación de uno de sus padres; de jóvenes que crecieron en California o Texas, pero que debido a ser indocumentados fueron devueltos a la fuerza. Y no pequemos de ingenuos: también hay individuos con antecedentes criminales. Se pueden desarrollar políticas puntuales y realistas para reintegrar a estas personas a la sociedad mexicana y los mercados laborales locales. 5) Finalmente, el gobierno federal debe intervenir en los procesos de contratación de trabajadores mexicanos, bajo el sistema de visas H2. Es un ámbito dominado por contratistas que hacen y deshacen a su gusto. Los abusos y engaños abundan. Las leyes son de hace cien años y simplemente no se aplican. No hay que eliminar a los contratistas, pero sí debe haber una regulación básica y que proteja los derechos de los trabajadores contratados. El autor es director de Estudios Mexicanos de la UCLA Rubén Hernández León rubenhl@soc.ucla.edu