Hace casi un año, en Junio 17 del 2011, el director del Departamento de Seguridad Interna, John Morton, publicó un documento que promueve un mayor uso de la discreción fiscal. El director admite que su agencia debe establecer prioridades judiciales. El documento incluye instrucciones para abogados y oficiales del gobierno; y explica que en ciertos casos, los fiscales tienen la autoridad de unirse a mociones sometidas a favor de un inmigrante. El escrito promueve un enfoque en la deportación de individuos que constituyen un riesgo para la seguridad del país.

En Agosto y Noviembre del año pasado, la misma agencia indicó que examinaría todo los procedimientos frente a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos Inmigratorios. De esta manera seleccionarían casos en los que un ejercicio positivo de discreción fiscal sería apropiado.

Recientemente, recibimos el anuncio de que la Corte de Inmigración de Los Ángeles estará cerrada parcialmente durante el próximo mes de Julio. Esto se hará con el fin de permitir que los abogados del gobierno avancen en su escrutinio de los casos pendientes.

Por ejemplo, ciertas personas con audiencias o apelaciones pendientes ahora pueden lograr que su caso sea cerrado administrativamente. Personas con apelaciones pendientes deberían conversar con un abogado de inmigración y preguntar si el cierre administrativo de su caso es factible o recomendable.

El cierre administrativo del caso no resulta en la aprobación de una residencia legal permanente. Pero sí evita una orden final de deportación. Muchos podrán seguir renovando su tarjeta de autorización de empleo. Y aunque no es una solución permanente, existen ocasiones en las que aprovechar esta oportunidad y cerrar el caso es conveniente. Esta es una buena opción para personas que en la actualidad no poseen bases firmes para su pedido de residencia, y en un futuro podrían presentar una postulación más fuerte frente a la Corte de Inmigración.

Por ejemplo, personas que actualmente han calificado para el cierre administrativo de sus casos incluyen adultos que han vivido en Estados Unidos por más de diez años. También se están viendo beneficiados menores de edad con más de cinco años de residencia en el país. Pero, sobre todo, para poder cerrar el caso, el inmigrante debe presentar un buen historial policial, preferiblemente sin ningún tipo de condenas.

Los abogados fiscales también han sido impulsados a unirse en Mociones para Reabrir casos con órdenes finales de deportación. Hace poco logré obtener el apoyo fiscal en una Moción de Reapertura para la esposa de un ciudadano Americano. Una persona que tiene una petición familiar aprobada y una manera inmediata de conseguir su residencia se encuentra con una solicitud de reapertura mucho más fuerte que hace 3 años atrás. Cuando el fiscal se une a nuestro pedido, los Jueces se encuentran mas dispuestos a brindar una segunda oportunidad.

Estas medidas constituyen herramientas importantes para todo aquel que tenga un caso pendiente. Por medio de este tipo de iniciativas podamos seguir promoviendo la unidad familiar. Por mientras esperamos la aprobación de leyes más justas y más humanas.