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Aumenta la tortura en México


Los Angeles Times | 1/18/2013, 12:01 p.m.
Aumenta la tortura en México
El alcalde de la Ciudad de Juárez, Héctor Murgía, informó que más de 2 mil policías seráan protegidos en "hoteles y estaciones policiales" para protegerlos de las constantes amenazas por parte del crimen organizado. | EFE

Como parte de la guerra de Calderón contra los cárteles de drogas, el número de quejas se multiplicó en comparación con las administraciones anteriores. Además de la tortura, las fuerzas de seguridad del Estado fueron acusadas de “asesinatos extrajudiciales” de los detenidos y las “desapariciones forzadas”, cuando militares o policiales secuestran y desaparecen a los sospechosos.

La mayor parte de los abusos, que también incluyeron simulacros de ejecución, se produjo en las primeras horas o días después de la detención de las víctimas, ante de ser entregadas a las autoridades judiciales civiles y mientras estaban detenidas en régimen de incomunicación.

The Times reportó en enero de 2012 que el gobierno de Calderón deliberadamente ocultó las estadísticas de guerra antidrogas, incluyendo el número de personas muertas y, más recientemente, el número de mexicanos desaparecidos. Una lista de cerca de 20,000 personas que han desaparecido en los últimos seis años se ha filtrado al The Times y a otras organizaciones de noticias pero nunca publicada por el gobierno.

En un informe publicado a finales del año pasado, y este año transmitido a la Corte Penal Internacional, Human Rights Watch documentó 170 casos de tortura por parte de todas las fuerzas de seguridad mexicanas como el ejército y la policía federal, estatal y local en cinco estados mexicanos. La organización envió el informe a Calderón y a los miembros del Congreso mexicano en noviembre de 2011. Documentó además 39 casos de “desapariciones forzadas” y 24 casos de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del estado.

Desde entonces, dice Human Rights Watch, sólo se abrieron investigaciones superficiales y nadie ha sido castigado.

“De hecho, varios años después de que se cometieran los abusos y se abrieran investigaciones formales, ni un solo funcionario ha sido condenado por los crímenes, lo que contribuye a un clima permanente de impunidad”, dijo la organización en una carta a la Corte Penal Internacional, puesta a disposición del The Times. “Estos no son actos aislados. Estas prácticas abusivas tienen una presencia endémica en las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra la delincuencia organizada en México”.

La Secretaría de Defensa ha pagado cerca de 1.7 millones en la reparación a las 85 familias mexicanas, cuyos miembros han sufrido la muerte ilegal o tortura a manos de militares, reportó recientemente el periódico Milenio.

Las autoridades de Veracruz no han comentado sobre la retractación de Hernández Silva de su confesión. La supuesta confesión de Hernández Silva, quien se dice que tiene 34 años y es analfabeto, se hace aún más dudosa por el hecho de que no se han encontrado detalles de la escena del crimen, como cuándo y cómo Martínez fue asesinada, según fuentes con acceso a los informes de investigación.

De acuerdo a un reportero que cubrió con frecuencia la corrupción del gobierno, Martínez fue golpeada y estrangulada hasta la muerte. Algunas de sus pertenencias habían desaparecido.

Hernández Silva, según los últimos informes, fue declarado culpable por el juez y ordenó la detención. Se enfrenta a una condena de 30 años.