En la víspera del Día de los Muertos del año pasado en México, las autoridades en Veracruz declaraban triunfalmente que habían resuelto uno de los asesinatos más notorios de la década de una periodista en México.

Se apresuraron a presentar ante los periodistas a una figura patética, un tal Jorge Antonio Hernández Silva. Lo proclamaron culpable del asesinato de Regina Martínez en abril, una periodista muy respetada de la revista nacional Proceso. Él lo confesó, dijo el gobierno de Veracruz, y el motivo había sido el robo.

Caso cerrado, dijeron con un suspiro de alivio casi palpable. El estado costero de Veracruz se había convertido en el lugar más mortífero para los periodistas en un país considerado como uno de los peores lugares del mundo para los periodistas. Las autoridades de Veracruz fueron sometidas a una presión enorme para hacer algo sobre los asesinatos y desapariciones, que le dan al Estado una mala reputación y perjudican el turismo.

Alguien se olvidó de decirle a Hernández Silva seguirles el juego. Horas después de que fuera presentado a la prensa, compareció ante el tribunal en el equivalente local de una acusación. Allí dijo que había sido torturado por funcionarios estatales empeñados en extraer una confesión. Le vertieron agua en la nariz y lo amenazaron con matar a su madre. Declaró que no tuvo nada que ver con el asesinato de Martínez.

Que Hernández Silva fuera presuntamente torturado no debería ser extraño para los observadores de la violenta batalla contra los cárteles de la droga que se han apoderado de México durante los últimos seis años. Bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, cuyo mandato de seis años terminó el 1 de diciembre, el uso de la tortura por las fuerzas de seguridad del Estado de elevó a niveles sin precedentes, de acuerdo con varias organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales, así como testimonios recogidos por The Times.

Las diversas formas de tortura, incluyendo el “waterboarding” o ahogamiento simulado, familiar para los estadounidenses después del 11 de septiembre, incluyen además el asalto sexual y descargas eléctricas en los genitales, las cuales han sido infligidas por los organismos de seguridad del Estado a los mexicanos detenidos bajo sospecha a veces engañosa.

La técnica descrita por Hernández Silva es antigua en México, conocida en el argot como el tehuacán, por la marca de agua carbonatada que a la víctima le vierten en sus fosas nasales (a veces con chile en polvo).

Las organizaciones de derechos humanos son especialmente críticas con el gobierno de Calderón por no impedir o investigar lo que ellos denominan “tortura sistemática”, mucho después de que la práctica fue expuesta.

De acuerdo a Human Rights Watch con sede en Nueya York, este año se remitió un informe sobre la tortura y otros abusos a los fiscales de la Corte Internacional de La Haya, para que el tribunal considere la posibilidad de abrir una investigación sobre la culpabilidad de Calderón en crímenes de lesa humanidad. Aunque es poco probable que el tribunal enjuicie a un jefe de Estado, el caso, de presentarse, podría avergonzar a Calderón y presionar a su sucesor, el presidente Enrique Peña Nieto, para cambiar el rumbo.

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