Los indígenas mexicanos Pascual Agustín Cruz y José Ramón Aniceto Gómez, considerados presos de conciencia por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), esperan tras más de dos años en prisión a que la Corte Suprema se pronuncie sobre su caso.

Procedentes de Atla, un pequeño núcleo rural indígena náhuatl en la Sierra Norte de Puebla, centro del país, ambos ostentaban cargos de responsabilidad comunitaria, José Ramón era presidente auxiliar y Pascual ejercía como juez menor de paz, cuando fueron detenidos el 13 de enero de 2010 acusados de robo con violencia de un vehículo.

Promotores de un programa de universalización del agua potable en esta abrupta comunidad de aproximadamente 2.000 habitantes, detrás de la acusación se esconde, según las organizaciones de derechos humanos, un enquistado conflicto por el acceso al agua.

Durante décadas, el grupo caciquil de la comunidad, que por su dominio del castellano pudo relacionarse con las autoridades estatales, monopolizó la venta de tomas de agua, que llegó a ofrecer por 5.000 pesos (unos 384 dólares), unos ingresos que el proyecto de los líderes nahuas ponían seriamente en peligro.

Este conflicto local, según AI, puso al descubierto la discriminación jurídica que existe hacia los indígenas en México y la falta de protección gubernamental a defensores de derechos humanos, como en este caso lo eran los encarcelados por la defensa del derecho universal al agua.

Según dijo a Efe Araceli Olivos, una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, responsable del caso, fue el hijo de uno de los miembros de ese grupo de poder quien denunció el robo.

Lo hizo tras una confusa trifulca que tuvo lugar el 22 de octubre de 2009, cuando el joven presuntamente agredió con su coche a los líderes indígenas, y al ser descubierto por un agente, que actualmente está en prisión, salió corriendo. Su coche fue llevado al corralón municipal y días después denunció el supuesto robo.

"Desprovistos de traductores, con evidencias de testigos falsos (los dos principales se desdijeron posteriormente) y numerosas contradicciones en los testimonios", según la letrada, fueron condenados a 6 años y diez meses de internamiento en la prisión de Huauchinango, donde ya llevan dos años y ocho meses.

Allí, a las puertas de este reclusorio ubicado a una hora y media de camino de la comunidad de Atla, su familia y activistas de Amnistía protagonizaron una protesta el pasado fin de semana para pedir su inmediata puesta en libertad.

En una reciente conversación telefónica con Efe, José Ramón y Pascual dijeron estar "tranquilos" porque su único delito fue "buscar el bien" para la comunidad de la que son originarios.

Tras disculparse por no hablar perfectamente español, José Ramón explicó que la preocupación por su gente y por el pueblo fue lo que les llevó a considerar una "buena oportunidad" convertir el agua potable en un recurso gratuito para todos los miembros de Atla.

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