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Piden a El Salvador que termine con "injerencias políticas" en la Corte Suprema

EFE | 3/27/2012, 12:10 p.m.
Piden a El Salvador que termine con "injerencias políticas" en la Corte Suprema
El Gobierno de Mauricio Funes respondió que 'no existe ninguna intención gubernamental de limitar con mecanismos el trabajo de la Corte Suprema". | EFE

Organizaciones del ámbito jurídico instaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo de El Salvador a que acaben con las supuestas "injerencias políticas" en la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país.

"Si bien ha habido importantes avances en la justicia, todavía se carece de las suficientes garantías para que sea imparcial e independiente", advirtió el subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Abraham Ábrego, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.

El Estado salvadoreño respondió que "no existe ninguna intención gubernamental de limitar con mecanismos el trabajo de la Corte Suprema", en palabras de Gloria Martínez, portavoz del Ejecutivo.

Los peticionarios urgieron cambios en el proceso de selección de los cinco magistrados que forman la Corte Suprema de Justicia, ya que la renovación está actualmente en trámite y debería estar culminada antes del próximo 1 de julio.

En este sentido, las organizaciones del ámbito jurídico exigieron que el proceso de selección para la Corte Suprema establezca previamente qué perfil se busca y cómo se puede aspirar a los puestos, además de convocar audiencias públicas con los candidatos para mejorar la transparencia de la selección.

"Los requisitos son bastante generales, solo establecen requisitos sobre nacionalidad, edad y licenciatura en derecho, por lo que no hay una clara revisión de los antecedentes éticos y profesionales de los candidatos ni de sus méritos", justificó Ábrego.

Por su parte, el Estado considera que la independencia de la máxima instancia judicial se garantiza por mecanismos constitucionales y que el mérito de los magistrados elegidos se basa en la ley de carrera judicial, que marca cómo pueden ascender los funcionarios dentro del sistema público de justicia.

La portavoz gubernamental Tania Camila Rosa declaró que se han hecho reformas legislativas en este ámbito que generaron un fuerte debate político y social en el país, pero demostraron "la voluntad de respeto a la Corte Suprema y a la independencia judicial".

Más allá de los problemas en la máxima instancia judicial, la portavoz de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Leonor Arteaga, mencionó también "deficiencias en el sistema disciplinario interno" en la justicia salvadoreña.

La jurista aseguró que se usa arbitrariamente para castigar a ciertos jueces y para omitir otros casos de acusaciones graves a funcionarios generando "impunidad", según los peticionarios, que calculan que en 2011 estaban pendientes 900 procesos internos.

Los comisionados de la CIDH, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en la región, recordaron la "tremenda importancia" de la transparencia en la selección y preguntaron por el grado de transparencia de las entidades que realizan la lista de candidatos en El Salvador.

Las entidades de juristas subrayaron que la politización de las máximas instancias judiciales es una tendencia presente en la región caribeña y suramericana.