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Imponen delitos ambientales a recicladores de metal

Los fiscales de Los Angeles toman la medida inédita sosteniendo que contaminan el medio ambiente con la agua que destilan el cobre, plomo y zinc

Soudi Jiménez | 6/27/2012, 2:25 p.m.

Los fiscales de Los Angeles tomaron este miércoles la medida inusual de presentar cargos criminales contra los propietarios de tres empresas de reciclaje de metal, acusándolos de contaminar el medio ambiente y poner en riesgo al público por el almacenamiento de estos residuos peligrosos de forma ilegal, los cuales liberan sustancias químicas tóxicas en el agua.

"Estas instalaciones representan una amenaza significativa para la salud humana y el medio ambiente", dijo Patty Bilgin, abogado que dirige la unidad de justicia ambiental de la ciudad de Los Ángeles. "Estos son los productos químicos tóxicos. No sabemos a dónde van. "

Las condiciones en las que se encuentran, estos metales, en algunas de las instalaciones son "inherentemente peligroso", dijo Bilgin. En la denuncia penal dijeron los inspectores que encontraron charcos de aceite en el suelo, asimismo las pilas de los frigoríficos y los radiadores no habían sido debidamente vaciados de productos químicos peligrosos.

Los fiscales acusaron a Jong Uk Byun, propietario de Central Metal al sur de la calle Alameda, con ocho cargos de delito menor. Geovedy y Waihner Cifuentes, propietarios de CDL Scrap Metal en la calle Mateo, nueve cargos. Don Monroe, propietario de C&M Metals en la calle 24, fue acusado de 13 cargos.

De acuerdo al reporte de Los Angeles Times, si los acusados son declarados culpables, se enfrentan a cientos de miles de dólares en multas y la posibilidad de un año de cárcel.

El reciclaje de chatarra metálica es un negocio floreciente en el sur de Los Angeles, la cual es enviada a las fábricas en Asia. Grupos ambientalistas se han quejado de que algunas de las empresas violan las leyes ambientales con impunidad.

La oficina del fiscal de la ciudad presentó los cargos después de que numerosos organismos, incluyendo la división de materiales peligrosos del condado de Los Ángeles y la junta de agua, realizaron inspecciones en febrero.

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