Un antiguo preparador de impuestos de la ciudad de Downey recibió ayer una sentencia de dos años en prisión por su participación en un fraude hipotecario a varias familias latinas. El ladrón tomaba las propiedades y drenaba las equidades.

Pablo Araque, de 41 años de edad, también fue obligado por el Juez James Otero, a pagar una indemnización de $1 millón de dólares a las familias afectadas.

Araque se declaró culpable en enero de los cargos federales de de robo de identidad y correo electrónico derivados de la estafa en la que las propiedades de los dueños se vendieron, generalmente sin su conocimiento, a terceros compradores.

Un gran número de préstamos bancarios se hicieron en los nombres de los terceros compradores y también se falsificaron registros de empleos de ingresos y prestamistas falsos para asegurar las ejecuciones, según Jim Bowman, abogado del distrito.

Los prestamistas sufrieron con más de $1 millón de dólares en pérdidas como consecuencia de los préstamos que financiaron basándose en la documentación falsa proporcionada por Araque Bowman.

Desde el 2008, Los Ángeles ha tenido más reportes de fraude hipotecario que cualquier

otra ciudad del país, lo que lo convierte en el epicentro nacional de fraude de hipotecas.

Un segundo acusado, Juan Rangel, de 48 años, fue condenado el año pasado a 22 años de prisión por cometer fraude de ejecución hipotecaria y una estafa no relacionada donde más de 500 personas resultaron víctimas.

Javier Juanchi, un tercer acusado en el fraude hipotecario, está previsto ser condenado este 24 de septiembre.

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