Varias organizaciones proinmigrantes demandaron a la Administración Obama que implemente la propuesta del nuevo proceso que permitiría a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses permanecer en el país mientras regularizan su situación migratoria.

El pasado 6 enero, el presidente y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunciaron su intención de cambiar la política que obliga a los inmigrantes sin papeles pedidos por familiares a dejar el país para ajustar su estatus sometiéndose a un castigo de espera entre 3 a 10 años.

"El nuevo proceso va a aliviar la dificultad extrema que un ciudadano estadounidense sufre debido a la prolongada separación de sus miembros familiares", declaró durante el anuncio Alejandro Mayorkas, titular del USCIS.

Aunque en algunos casos el Gobierno federal puede otorgar un perdón, que tarda muchos años de tramitar y permite a los inmigrantes regresar a Estados Unidos para reunificarse con su familia, hay que comprobar que la separación causa penurias.

Bajo la nueva propuesta, que todavía no ha entrado en vigor, será más fácil que las familias eviten estos castigos al solicitar "amparos de unidad familiar" con el fin de no abandonar el país mientras se procesan sus papeles.

"Lo que buscamos es la rápida implementación de la exención y sobre todo que se amplíe, porque muchas familias se quedarán por fuera. Todavía hay tiempo hasta mañana (viernes) para comentar sobre los cambios que consideramos necesarios", afirmó hoy en conferencia de prensa telefónica Javier Valdés, representante de Fair Inmigration Reform Movement (FIRM).

FIRM y Alliance for a Just Society además dieron a conocer hoy el informe "Promesas que Mantener", que recoge 19 historias de inmigrantes y sus familias que enfrentan la separación y que demuestran la importancia del cambio del proceso.

"Generalmente las voces de los inmigrantes y sus familias se pierden en la discusión de los cambios a las leyes migratorias. Aquí damos un espacio para que ellos hablen, y dejen saber sus historias desgarradoras", enfatizó Fernando Mejías, del grupo de la alianza por una sociedad justa.

Historias como la de Marie Medina, una ciudadana estadounidense residente de Tennessee, que pidió a su esposo indocumentado e inclusive adoptó a sus dos hijos y mientras tanto ha pagado miles de dólares en abogados para buscar su regularización.

"Estamos contentos por los cambios pero no solucionan del todo el problema. Si sometemos la aplicación para el amparo familiar, corremos el riesgo de que se lo nieguen, y que mi esposo Cesar pueda ser blanco de la deportación", declaró Medina.

Cerca de 400 mil personas son deportadas cada año y desde 2008 han salido 1.2 millón de inmigrantes.

Según un reporte del Applied Research Center, al menos 5,100 niños estadounidenses en el país han sido puestos a las órdenes de los servicios sociales porque sus padres han sido detenidos o deportados.

Asimismo, cerca de 5.5 millones de menores de edad, de los cuales el 80 % nacieron en el país, tienen al menos un progenitor que es indocumentado.

"Necesitamos garantías del proceso", acotó Rosalía Quiroz, cuyo esposo hondureño no ha podido arreglar su situación legal. "Mis hijos están sufriendo sin saber qué pasará con su padre de regresar a su país de origen".

Sin embargo, la medida de la Casa Blanca no incluye a todos los miembros de la familia como a los hijos adultos de los ciudadanos o aquellos familiares que son residentes permanentes, ni tampoco a los inmigrantes que enfrentan al deportación pero que pueden calificar para una visa.

A la larga, según las organizaciones, el amparo de la unidad familiar es sólo una "curita", aunque muy necesaria, ante la falta de una reforma migratoria que reconozca la contribución de los inmigrantes al país.

En su página de Internet, USCIS advirtió los individuos que podrían beneficiarse de la medida no pueden presentar la aplicación hasta que tenga efecto al ser publicada en el Registro Federal.

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