Diego Humberto Sánchez, quien se encontraba peleando su deportación en la corte, recientemente recibió la sorpresa de que se había cerrado su caso no solamente por sus altas calificaciones en la escuela, sino porque calificaba para el programa de Acción Diferida (DACA) que entró en vigor la semana pasada.

La medida permite la estadía legal de dos años a jóvenes menores de 31 años que cumplan ciertos requisitos establecidos por el gobierno federal.

“Cuando supe la noticia me puse muy contento y empecé a pensar en todo lo que puedo hacer con una licencia de manejar, un permiso de trabajo y una mejor educación”, dice Sánchez, quien padece de retardo mental y problemas de lenguaje.

El salvadoreño de 23 años de edad llevaba cinco años en la cuerda floja de la deportación, a pesar de que, desde que tenía 18 años, su madre, quien está amparada bajo Estatus de Protección Temporal (TPS), intentó legalizar su estadía y lo llevó con un notario público que se hizo pasar por abogado.

Cuando su solicitud fue negada, las autoridades migratorias abrieron un juicio para su deportación.

Sin embargo, el pasado 2 de julio, fiscales migratorios pidieron al juez no proseguir con el juicio de deportación.

“Las razones por las cuales el cierre fue propuesto incluyen el buen record del joven y su graduación de preparatoria. Además, Diego cumple con todos los requisitos del nuevo programa de DACA”, dice Marta Canossa, abogada de inmigración que representó a Sánchez.

Canossa recomienda que todos los jóvenes que se encuentran peleando una orden de remoción se informen sobre los requisitos, y si califican para DACA, le pidan a sus abogados que discutan este tema con los fiscales mig “Si el juez nota que el fiscal de DHS (Departamento de Seguridad Interna) y el abogado defensor de la persona indocumentada llegan a un acuerdo, es muy probable que el caso se cierre”, sostiene la abogadaratorios para intentar obtener el mismo alivio que recibió Sánchez.

Kathryn Mattingly, de la oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), corrobora esto, aunque enfatizó que los jueces tienen la última palabra sobre cada caso.

“La gente debe tener en cuenta que el cierre administrativo de un caso se utiliza para eliminar temporalmente este caso del calendario del juez. Sin embargo, no es una decisión final, ya que el juez puede reabrirlo si la persona no califica”, expresa Mattingly.

Para Sánchez, el alivio temporal es una bendición, ya que con su condición, sería muy difícil estudiar en su país natal.

“Allá las escuelas para personas con mis discapacidades no están tan entrenadas como aquí. Vivir sin documentos causa una tristeza muy grande y limita todo lo que puedes hacer para superarte”, dice el joven, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 14 años.

Hembir Judith Pineda, madre de Sánchez, dice que desde que su hijo llegó a este país, siempre ha luchado por superarse.

“Saber que mi hijo tiene una oportunidad de estar legal por aquí es un regalo del cielo, porque se lo merece”, asegura ella.

No obstante, Sánchez tendrá que regresar ante la Corte de Inmigración el próximo 22 de octubre para la última audiencia de su caso.

“Pero en vez de ir resignados a una orden de deportación inminente, iremos esperanzados de que su remoción sea cancelada por completo”, dice Canossa.

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