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El 2011: el año más trágico para los derechos humanos en Guatemala

Desde 2000 han sido asesinados en Guatemala 136 activistas

11/17/2011, 1:30 p.m.
El 2011: el año más trágico para los derechos humanos en Guatemala
Manifestantes se tiran al suelo para simbolizar las 19 víctimas de la violencia contra los activistas de los derechos humanos en Guatemala | Agencia Reforma

Las víctimas de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Guatemala, donde sólo este año han muerto diecinueve activistas, tienen tres rostros claros: feministas, sindicalistas y líderes campesinos.

Así se ha puesto de manifiesto en un seminario sobre la lucha contra la impunidad en ese país centroamericano, organizado por la "Plataforma 2015 y más".

"En Guatemala, la situación que vivimos las mujeres respecto de las diferentes formas en que se manifiesta la violencia cada vez está más complicada", asegura Lorena Cabnal.

La activista, indígena maya-xinka, feminista y cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Sta. María Xalapán Jalapa, destaca el aumento de casos de violencia sexual y cómo la situación "se agudiza" cuando se trata de "mujeres indígenas, más empobrecidas o más analfabetas", por las dificultades para acceder a la Justicia.

No muy distinta es la situación de los derechos sindicales, porque, como resume Jorge Estrada y Estrada, coordinador de la Comisión de Asesoría de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), "al primer intento de organizar un sindicato, los trabajadores son despedidos".

"En los últimos cinco años 56 sindicalistas han sido asesinados", añade, al tiempo que denuncia la total impunidad que hay en su país, donde "la mayoría de los crímenes no se han investigado gran cosa".

También el acceso a la tierra está en la raíz de una violencia constante contra los activistas por parte del "núcleo terrateniente de siempre", señala Helmer Velázquez, director de una plataforma de ONG y cooperativas centrada en la cuestión agraria.

"El 2 % de los productores acapara alrededor del 70 % de la tierra productiva. Eso deja un 98 % de los productores realmente desposeídos" frente a una oligarquía terrateniente que "ha ejecutado procesos represivos en Guatemala desde siempre", añade.

En Guatemala la ocupación de fincas privadas que permanecen abandonadas por campesinos pobres ha sido una constante durante los últimos 50 años, que ningún Gobierno ha logrado resolver.

Bajo el último Ejecutivo, según Velázquez, se han llevado a cabo ochenta desalojos campesinos, muchos de ellos utilizando guardias privadas, lo que, a su juicio, incrementa la impunidad.

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EFE

Guatemala vive uno de sus peores años con altos indices de crímenes y violencia, siendo las comunidades indígenas las más afectadas

Para los tres defensores de los derechos humanos, su activismo ha sido un arduo camino.

Cabnal atribuye los momentos más difíciles a "las graves amenazas" que sufre, mientras que la mayor satisfacción ha sido el "haber visibilizado" la problemática de las mujeres indígenas en Guatemala y lograr su reconocimiento como actores políticos.

Para Estrada y Estrada, con 35 años como dirigente sindical, cada momento vivido en esta lucha ha sido duro, aunque se hayan cosechado logros, como el hecho de que en la pasada Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se incluyera en las recomendaciones del Comité de Normas la situación en Guatemala.

Velázquez, por su parte, destaca entre las vivencias negativas el desalojo del área del Polochic, en marzo pasado, "un despojo a 800 familias hecho a manos de soldados del Ejército y la Policía y guardia privados", durante el que murió un campesino indígena.

En cuanto a avances, aplaude la concertación con el Gobierno saliente de una política y una ley de desarrollo rural, aunque después "no se le hayan colocado fondos y no se haya aplicado".

Los tres coinciden en expresar su temor por las consecuencias que pueda tener el próximo Gobierno, encabezado por el general retirado Otto Pérez Molina, en la lucha a favor de los derechos humanos y contra la impunidad en Guatemala.

"Tener una plana conservadora en el Congreso no nos beneficia para otras iniciativas que se quieren impulsar para erradicar problemáticas de violencia contra las mujeres", apunta Cabnal.

Una opinión que comparte el dirigente sindical, que lo interpreta como la vuelta "a los gobiernos militares".

Tampoco Velázquez cree que con el próximo Gobierno se vaya "a resolver la problemática del campo", por lo que desde su plataforma se han adelantado a su llegada para exigir "una mora oficial a los desalojos de campesinos" hasta que se disponga de un código agrario.

Desde 2000 han sido asesinados en Guatemala 136 defensores de los derechos humanos, siendo el 2011 el año más trágico desde entonces.