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Comunidad hispana en Carolina del Sur esperanzada que Gobierno detenga ley


EFE | 11/1/2011, 4:27 p.m.
Comunidad hispana en Carolina del Sur esperanzada que Gobierno detenga ley
Manifestantes se dan cita afueras de la corte suprema de Carolina del Sur | EFE

La comunidad hispana en Carolina del Sur recibió con agradecimiento y cautela la decisión del Gobierno federal de retar en corte la ley de inmigración SB20, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2012.

"Tomamos la noticia bien pero a la par hacemos un amado a todo el país, que afronten el tema migratorio como un problema que requiere una solución integral, y no que cada estado trate de resolverlo por su cuenta como sucede en este caso", afirmó hoy a Efe Iván Segura, vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas.

"Esto no se acaba hasta que se acaba. Si la respuesta no es favorable, entonces se irá a la siguiente estancia, y así hasta que tengamos una respuesta favorable a la causa de los inmigrantes", enfatizó el líder comunitario.

Con Carolina del Sur son ya tres los casos (junto a Arizona y Alabama) en los que el Departamento de Justicia de EE.UU ha decidido intervenir para bloquear la puesta en marcha de una legislación estatal que combate la inmigración indocumentada por considerarla "inconstitucional".

Entre sus argumentos, el secretario de Justicia, Eric Holder, enfatizó el lunes que la Constitución no permite el desarrollo de un mosaico de legislaciones migratorias estatales en todo el país, porque esto sólo compete al Gobierno federal.

Se espera que el Departamento de Justicia pronto solicite a un tribunal, como ha sucedido en otras partes de la nación, la suspensión preliminar de la SB20 por considerar que "causará un daño irreparable".

Bajo la SB20, los agentes del orden público pueden detener a una persona por una infracción previa y solicitar que demuestre su situación migratoria si existe una "sospecha razonable" para considerar que es un indocumentado.

Dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes a un costo de 1,3 millón de dólares, la única a nivel nacional.

Asimismo, la SB20 convierte en delito mayor con penas de hasta 25.000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

"La gente amaneció hoy con esperanza y tenemos fe que va a pasar algo para aliviar un poco nuestra situación", comentó a Efe Teodoro Palacios, un inmigrante mexicano que trabaja en la construcción en Rock Hill, al sur del estado.

"Esto siempre pasa cuando el Gobierno federal emprende una acción legal para combatir los estados con leyes perjudiciales para los indocumentados, pero luego vuelve a reinar la preocupación, porque seguimos sin licencia y papeles para trabajar", agregó.

Para Andre Segura, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), una de varias organizaciones que entabló una acción legal contra la ley antiinmigrante el pasado 12 de octubre, Carolina del Sur "no debe seguir el mismo camino destructivo que tomó Alabama".

"Esta ley discriminatoria e inconstitucional no tiene lugar en nuestro país y debe ser bloqueada en Carolina del Sur y en cada estado que cometa ese costoso error de pasar una legislación tan antiinmgrante", declaró Segura a Efe.